En nuestra columna de abril pasado nos referimos al tema de la titulación de tierras agrícolas, demandando atención especial para la situación de las comunidades campesinas y nativas.
Resulta grato por ello informar que en días pasados la Defensoría del Pueblo publicó el informe N° 002-2014-DP/AMASPPI-PPI, “Análisis de la política pública sobre reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas y nativas”, el que fue remitido al Ministerio de Agricultura y Riego.
El documento empieza recordando la obligación constitucional del Estado de garantizar el derecho de propiedad de las tierras de las comunidades campesinas y nativas, cuyo incumplimiento ha generado problemas, expresados en quejas y pedidos de intervención a la Defensoría del Pueblo. En base a la supervisión realizada a 22 gobiernos regionales la Defensoría concluyó en la existencia de siete problemas a la base de esas dificultades: a) ausencia de una normativa integrada y actualizada sobre reconocimiento y titulación de comunidades; b) falta de una rectoría adecuada en torno a esas funciones; c) falta de información centralizada sobre el número de comunidades; d) insuficiencia en la capacitación del personal a cargo de dichas tareas; e) falta de difusión de derechos y de adecuación de instrumentos de gestión; f) falta de priorización presupuestal para el reconocimiento y titulación comunal; y g) falta de lineamientos para el tratamiento de controversias por superposición de derechos.
El informe concluye recomendando al Congreso la revisión de la normatividad sobre comunidades campesinas y nativas para simplificar los correspondientes procedimientos administrativos. Al Ministerio de Agricultura y Riego se recomienda designar una autoridad del más alto nivel a su interior, con capacidad de ejercer una adecuada rectoría en estas materias, de modo de orientar las capacidades de los gobiernos regionales, la cual debe tener a su cargo la actualización del catastro de propiedad rural. Asimismo, se recomienda al MINAGRI elaborar, con las Direcciones Agrarias de los gobiernos regionales, un registro unificado de las comunidades campesinas y nativas, así como emitir lineamientos para enfrentar las controversias relacionadas con el derecho de propiedad de las comunidades.
Entre las varias recomendaciones a los gobiernos regionales, la Defensoría señala la necesidad de asegurar la provisión de recursos económicos para atender estas funciones, priorizar la contratación de personal idóneo y suficiente, así como producir materiales de difusión para las comunidades. La pelota, entonces, está ahora en la cancha de estas entidades.
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