El “paquetazo” implica la entrega de las tierras de las comunidades a los proyectos de inversión

Entrevista a Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) 

Por: Carla Calderón - Urquizo Larco 

La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú pidieron al gobierno central que se garantice los derechos sobre la tierra de aproximadamente ocho mil comunidades campesinas y nativas del país. 

La plataforma —conformada por organizaciones de la sociedad civil, gremios agrarios e indígenas—, advierte que este “paquete reactivador” vulnera el derecho a la propiedad de las tierras de las comunidades campesinas, a través de la polémica Ley 30230 (Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país).

“El narcotráfico es la principal atracción en las últimas dos décadas de agricultura migratoria”

En los últimos años el proceso de agricultura migratoria está vinculado a cultivos como los ilícitos. 

Por: José Carlos León Carrasco (Agraria.pe) 

La agricultura migratoria es cada vez más practicada en el oriente de Perú y Bolivia, en la Amazonía. En el resto del continente, también se desarrolla en las zonas bajas de Ecuador y Colombia, en sectores de América Central, en las islas del Caribe. Agraria.pe conversó con el director ejecutivo del Centro Peruano de Estudio Sociales (Cepes), Laureano del Castillo, quien nos explicó más sobre esta técnica agrícola y sus impactos ambientales, sociales y económicos.

Derechos de las comunidades sobre la tierra son amenazados por paquetazo ambiental

Información del Observatorio Tierra y Derechos, del CEPES

Entrevista a Laureano Del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES).

En el programa "Las cosas como son", Javier Torres, director de Noticias SER, conversó con Laureano Del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) sobre la amenaza que generaría la Ley 30230, la cual habría pasado inadvertida. Y es que en el Título III, donde se señalan los Procedimientos Especiales, se indica que bajo el argumento de promover las inversiones, COFOPRI podría disponer de los derechos sobre la tierra a favor de proyectos de inversión “independientemente del uso actual o futuro que se les dé a los predios” (Título III, artículo 37, inciso A).