El último viernes la Comisión Agraria del Congreso presentó el proyecto de Ley del Derecho a la Alimentación, la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. El proyecto reúne seis iniciativas y ha recibido las opiniones de diferentes ministerios y gobiernos regionales. El plan de la Comisión es aprobar el dictamen y enviarlo al Pleno del Congreso en el plazo más breve.
También ayer se publicó el pronunciamiento de diversos gremios agrarios y organizaciones de promoción del desarrollo, al que se sumó APEGA, para demandar a la Comisión Agraria un debate más amplio, de modo de posibilitar la participación de otras organizaciones e instituciones con experiencia y autoridad en estos temas.
No es la primera vez que frente a la inminente aprobación de una ley se escucha el pedido de contar con mayores plazos. En este caso, la demanda de quienes suscribieron el pronunciamiento merece ser atendida. La seguridad alimentaria y nutricional del país es un tema muy serio y aunque, en efecto, es importante y necesario que el país cuente con una herramienta como esta (por lo que no puede postergarse indefinidamente su aprobación), sí se requiere que la norma sea trabajada con cuidado, de modo de atender la complejidad del tema.
La FAO, que durante varios años viene trabajando en torno a la seguridad alimentaria ha elaborado numerosos documentos, donde recomienda la aprobación de leyes marco sobre el derecho a la alimentación, en el entendido que se trata de un mecanismo usado generalmente para legislar en materias multisectoriales y que permite abordarlas de manera más consistente, coordinada e integral. ¿Hay algo más multisectorial que la seguridad alimentaria?
El proyecto presentado desarrolla en lo central la institucionalidad, solo una de las dimensiones de la seguridad alimentaria, pero leyes de este corte “solo establecen la arquitectura institucional necesaria para luchar contra el hambre a nivel nacional y local”, lo que es insuficiente. Se debe atender aspectos como el acceso a los recursos necesarios para producir los alimentos, entre otros más. Se requiere finalmente precisar los compromisos del Estado para que el derecho a la alimentación deje de ser una declaración de buena voluntad y sea expresión de una política pública integral.
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