Sobre las observaciones a la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y más allá

Hace tres semanas el Ejecutivo observó la autógrafa de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios Reconocido en el Convenio Nº 169 de la OIT, la cual había sido aprobada por el Congreso de la República el 19 de mayo pasado. 

Al hacer uso el Presidente García de esta facultad constitucional, la autógrafa de dicha iniciativa legislativa volvió al Congreso, donde las opciones son que la representación nacional incorpore las observaciones al texto de la Ley (lo que se denomina allanamiento) o que insista en el texto aprobado en mayo.

¿Qué sigue luego de la derogatoria de los decretos legislativos cuestionados?

Luego del Mensaje dirigido por el Presidente Alan García la noche del miércoles 17 de junio, el Congreso de la República aprobó ayer (por 82 votos a favor y 12 en contra) la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064. Queremos hacer algunos comentarios sobre estos hechos. Pensamos que hizo bien el Presidente de la República, en su mensaje en torno al conflicto generado con las poblaciones indígenas y amazónicas, en reconocer que hubo errores y exageraciones. Hubiéramos esperado un tono autocrítico mayor, tomando en cuenta la muerte de 24 policías, de 10 pobladores y de más de 160 heridos.

Limitando la propiedad rural

Encendidas reacciones ha generado la presentación del proyecto de ley que busca establecer límites máximos a la extensión de la propiedad en las zonas agrícolas de la costa. El proyecto de ley, admitido a trámite el 22 de abril, lleva el número 3194/2008-CR y fue presentado por el congresista Alfredo Cenzano, del Partido Aprista Peruano. Empecemos viendo qué es lo que han declarado prominentes representantes del empresariado a los medios locales.

Derogado el DL 1015 ¿qué sigue?

Aprobada apresuradamente por el Congreso el 12 de agosto, en medio del conflicto en Bagua y otras localidades de la Amazonía, la ley que derogó los decretos legislativos 1015 y 1073 fue finalmente promulgada por el Presidente del Congreso y publicada el domingo 21 de setiembre. Aunque el Presidente García había anunciado que observaría dicha ley, usando expresiones altisonantes (lo que fue seguido por otros miembros del Ejecutivo, como el Ministro de Agricultura, que se refirió a las ONG como buitres del siglo XXI), vencido el plazo constitucional para hacer sus observaciones estas no se produjeron. Así, el Presidente del Congreso debió promulgar la ley y, por tanto, disponer su publicación en el diario oficial. 

No agitar, pero tampoco mentir

No había que ser adivino ni tener una bola de cristal para saber que, tras la publicación del Decreto Legislativo 1015, las protestas de los miembros de las comunidades campesinas y nativas, afectados por dicha norma, se harían sentir. Tampoco fueron suficientes en su momento las opiniones en contra del proyecto de ley 1992-2007-PE (antecedente inmediato del Decreto Legislativo cuestionado), tanto de Defensoría del Pueblo, como de AIDESEP, de organizaciones campesinas y algunas ONG, y menos, al parecer, el dictamen en contra de la Comisión de Pueblos Andino, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

DL 994 atenta contra el derecho de propiedad de las comunidades campesinas

El día 13 de marzo el gobierno central emitió el Decreto Legislativo 994, por medio del cual buscaría promover la inversión privada en proyectos de irrigación. Sin embargo, dicha norma afecta el derecho constitucional a la propiedad de las Comunidades Campesinas. Frente a ello, el Grupo ALLPA, que reune a instituciones privadas y organizaciones nacionales campesinas, expresa su preocupación por la aprobación de este Decreto Legislativo, así como por el clima general que se ha creado frente a la supuesta condición de ociosas de tierras de las comunidades, siendo que la disponibilidad de las mismas es muy reducida. Asimismo, ponemos en conocimiento de la opinión pública lo siguiente: 

¿Dónde están las comunidades?

En estos casi 10 meses del nuevo gobierno pareciera que las comunidades campesinas no existieran. Entre 1985 y 1990 hubo los Rimanakuy, del crédito cero para ellas y de su consideración como la célula base de la sociedad, y hasta dos leyes especiales para ellas, la Ley General de Comunidades Campesinas y la Ley de Deslinde y Titulación del Territorio Comunal. 

Debate de la Ley de Aguas ¿una historia sin fin?

Por casi 15 años, aunque con intervalos, venimos debatiendo sobre una nueva ley de aguas sin que se tenga la seguridad de que ahora sí será aprobada. Lo que no admite dudas es la necesidad de enfrentar la compleja problemática de la gestión de este recurso vital, que se agrava por la creciente escasez de este recurso, el cambio climático y el avance de la deglaciación.